El Banco Nación, principal acreedor de la firma agroexportadora Vicentin, quien acumula pasivos por cobrar por más de u$s300 millones, espera que la Corte Suprema de Santa Fe falle a su favor para avanzar en un proceso de “salvataje” o cramdown de la empresa agroindustrial que acumula deudas por más de u$s1.600 millones y atraviesa un demorado concurso de acreedores con final aún incierto. Así, hay gran expectativa por la decisión del máximo tribunal provincial.

El cramdown es un mecanismo de última instancia ante la posibilidad de una quiebra que permite que acreedores u otro actor externo pueda formular una propuesta para tomar el control de la compañía. De concretarse, el Gobierno podría poner un pie en la empresa agroindustrial teniendo en cuenta que es el principal acreedor de la empresa agroindustrial que entró en default en diciembre de 2019. En segundo lugar, pero muy lejos del lugar que ocupa la banca pública, se encuentran los bancos extranjeros que en conjunto acumulan acreencias por más de u$s500 millones y siguen de cerca no solo el concurso de acreedores, que llevó adelante el desplazo juez Fabián Lorenzini, sino también las imputaciones penales a los ex directores y dueños de la empresa.

En los próximos días el tribunal provincial deberá terminar de decidir si absorberá el concurso, pero el solo hecho de haber intervenido en él y desplazado al juez Lorenzini marca un nuevo rumbo en lo que sería el futuro de la agroexportadora. Es que hasta el momento el único plan de salvataje vino de la mano de la firma agroexportadora multinacional Viterra, quien se asoció con la también extranjera Bunge y la local ACA para intentar tomar el control de Vicentin con un desembolso de dinero menor y luego de que el directorio de la compañía ofrezca una quita de deuda al Banco Nación de nada menos que el 80%.

Concretamente, la agroexportadora realizó una propuesta de pago con una fuerte quita de la deuda contraída, no solo del Banco Nación, y el ingreso como “inversores estratégicos” de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra (ex Glencore) y Bunge Argentina, que reemplazó a Molinos Agro, cuando la firma decidió dejar de participar del proceso.

“Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80% en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo”, subrayó días atrás el presidente del Banco Nación Eduardo Hecker. Por último, el funcionario recordó que el banco “manifestó su oposición a la propuesta y realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar la extranjerización, el desguace de la compañía y la pérdida de puestos de trabajo”.

En la misma línea, la semana pasada, uno de los principales acreedores granarios del concurso de Vicentin, el titular de la firma Commodities SA, Mariano Grassi, afirmó que “es muy difícil" que la empresa "siga trabajando sin que el Estado acompañe”.

El acreedor de la agroexportadora aclaró que el Estado “no está para poner un montón de dólares dentro de Vicentin”, sino que se inclinó por la “capitalización de su deuda y teniendo una participación accionaria", como tiene en otras firmas privadas.

El planteo de Grassi va en la misma línea de la que realizó días atrás el presidente Alberto Fernández, quien dijo que el cramdown ofrece “una posibilidad” para que el Estado tenga “una empresa testigo que ordene el mercado” agroexportador y de producción de alimentos.