La normativa, que busca prohibir entre 30 y 60 años el cambio de uso de aquellas tierras que hayan sido arrasadas por el fuego, ya sea de manera accidental o intencional, fue objetada por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) porque "constituye una verdadera confiscación estatal sin precedentes".

La entidad, en un comunicado titulado "La propiedad privada bajo fuego", dijo que entiende que el país no necesita más inseguridad jurídica "que solo sirve para espantar la inversión productiva". Explicó que la actual normativa establece cuáles son los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional.

"Los artículos 22 y 22 bis establecen que el responsable del daño ambiental que produzca un incendio tendrá la obligación de recomponer y adoptar las medidas de reparación que, en cada caso, resulten necesarias para la recuperación de las áreas incendiadas vedando las modificaciones en el uso y destino de dichas superficies", dijo CAIR.

Para la cámara, el actual proyecto de reforma "asume la ineficacia de la Justicia para encontrar a los responsables de los incendios provocados y la incapacidad del Estado de tener un plan y equipamiento eficiente de prevención, manejo y control del fuego".

Otro punto alarmante, según CAIR, es que no se ha distinguido entre incendios naturales, accidentales o provocados. "Es llamativo que los autores del proyecto en lugar de hacer cargo al Estado de sus responsabilidades en esta cuestión, trasladen una especie de castigo a quien ya ha sufrido una tragedia como lo es un incendio involuntario en su propiedad, incluso llevando la sanción al nivel de restringir el dominio por el término de 30 a 60 años".

"Esta inconsistencia pone en evidencia que la iniciativa en trámite denota un nuevo intento de avance sobre la propiedad privada, esta vez, bajo la cobertura de una supuesta protección ambiental", indicó CAIR.

En este contexto, la entidad que agrupa a las inmobiliarias rurales pide conformar una mesa multisectorial integrada por expertos a los fines de readecuar el proyecto legislativo inicial que ha pasado al Senado. El presidente Alberto Fernández incluyó en la lista de temas de la extensión de las sesiones ordinarias y extraordinarias al proyecto de Máximo Kirchner que está ahora en el Senado.